Venezuela se inclina hacia Tether para sortear las sanciones

Venezuela recurre a las criptomonedas para evadir sanciones petroleras de EE. UU.

Ante el inminente retorno de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo, Venezuela ha intensificado su adopción de criptomonedas para mitigar los efectos económicos adversos. Esta estrategia incluye la utilización de criptomonedas en el comercio internacional de crudo.

Después de una pausa de seis meses en las sanciones, que permitió algunas operaciones en el sector petrolero bajo la Licencia General 44, EE. UU. ha revocado este permiso tras la prohibición a la candidata de la oposición María Corina Machado por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Según informes, la estatal PDVSA ha incrementado el uso de criptomonedas para proteger los ingresos de las ventas internacionales de ser congelados en cuentas extranjeras, cambiando a contratos que exigen pagos adelantados en criptomonedas, aún durante la pausa de las sanciones.

Además, se ha informado que PDVSA requiere que todos los nuevos clientes internacionales posean criptomonedas, indicando un cambio significativo en las estrategias de comercio exterior de Venezuela.

La adopción de criptomonedas por parte de PDVSA se ve facilitada por plataformas que han demostrado la capacidad de cumplir con regulaciones internacionales, asegurando el bloqueo de transacciones asociadas a individuos sancionados.

En 2018, Venezuela intentó lanzar una criptomoneda propia para evitar sanciones, pero se enfrentó a obstáculos regulatorios que culminaron en un escándalo de corrupción en 2024, afectando gravemente al sector.

El presidente Nicolás Maduro ha expresado en redes sociales su intención de seguir avanzando en el desarrollo económico del país a pesar de las sanciones, mientras que las exportaciones de petróleo alcanzan cifras récord en los últimos años.

Este cambio hacia el uso de criptomonedas en las transacciones petroleras es un movimiento estratégico importante para Venezuela, que busca preservar sus exportaciones ante las sanciones internacionales, aunque también plantea dudas sobre la dependencia de intermediarios digitales.